En primer lugar, expresamos nuestro apoyo a las estudiantes movilizadas en FACSO, en la Universidad de Chile y otras instituciones de educación superior, que se han tomado los espacios para exigir cambios culturales e institucionales profundos en relación a la desigualdad y violencia de género estructural que afecta en particular a las mujeres en diversos contextos. Apoyamos también a las académicas y funcionarias de las universidades que han solidarizado y levantado sus voces, no sólo declarando y denunciando sus propias realidades cotidianas, sino también por su trabajo activo y propositivo para que se cumplan las condiciones de igualdad, inclusión, dignidad y respeto en nuestras instituciones y más allá de ellas.

Como CIEG queremos manifestar nuestra contribución a las demandas de estudiantes, académicas y funcionarias, comprometiéndonos especialmente con las propuestas relacionadas con la instalación de una Educación No-Sexista y promover los cambios culturales a través de un nuevo trato en los vínculos internos y externos de nuestra universidad. En esa dirección, ofrecemos participar y colaborar en instancias de inducción, capacitación y educación en materias de igualdad de género y no discriminación para los diversos estamentos de la Universidad, así como en la necesaria inclusión de un curso transversal de género y feminismo para la Facultad de Ciencias Sociales. Creemos pertinente y necesario que este sea obligatorio para todos/as quienes deben formarse como profesionales de las ciencias sociales y la educación con mirada crítica. Asimismo, el CIEG está dispuesto a participar y colaborar con la revisión curricular de las carreras para asegurar una educación no sexista, sin sesgos androcéntricos y con enfoque de género.

Respecto a los protocolos de actuación ante casos de acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria, consideramos que se ha hecho un trabajo de gran valor, pero que ha resultado insuficiente ante la profunda naturalización de conductas y discursos discriminatorios en las aulas, y en otros espacios académicos, y a la falta de voluntad particular para dar a conocer a los diversos estamentos materias de acoso y violencia sexual. Nos comprometemos a continuar trabajando en conjunto con la Dirección de Igualdad de Oportunidades de Género para perfeccionar los diagnósticos y planificación de medidas que se enfoquen en la prevención, y en el correcto y ético seguimiento de los casos denunciados, y la fiscalización de fallos y sanciones.

La incorporación a las demandas de los derechos de madres y padres estudiantes, académicos/as y funcionarios/as es un elemento que enriquece los horizontes de igualdad, y al mismo tiempo pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes no poseen contratos regulares y se ven afectadas y precarizadas en sus diversos derechos laborales y maternales.

Hacemos, por último, un llamado a todos/as a sumarse a las reflexiones y debates que se están abriendo y trabajar en colectivo en la búsqueda de soluciones que apunten a cambios culturales profundos al interior de nuestra universidad y fuera de sus fronteras, para promover una sociedad más inclusiva, ética, pero sobre todo un nuevo trato que garantice relaciones sociales de género igualitarias.

Principios de igualdad y equidad de género en la participación de las mujeres en Chile

Nicole Nova. Trabajadora Social, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

¿Por qué hombres y mujeres no están igualmente representados en las posiciones de liderazgo político y dirigencial en Chile? Ésta es una pregunta que suele hacerse al ver las estadísticas de representación política masculina y femenina, donde por ejemplo, tenemos un 87,5% de alcaldes a nivel nacional, en comparación a un 12,5% de alcaldesas, o un 86,7%de senadores, ver sus 13,2% de senadoras. (fuente: “Mujeres y Poder: participación en espacios de toma de decisión”, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO, Universidad Diego Portales. 2013.) Cuando hablamos de principios de igualdad, incluso cuando hablamos solo de igualdad, y escuchamos repetitivamente esta palabra para hacer referencia a las desigualdades sufridas por las mujeres, por ejemplo en este caso, donde vemos que hay una baja participación política de éstas, lo que lleva a una desigualdad en la representación y toma de decisiones a nivel país, pocas veces hacemos un reparo en el principio de la igualdad, y en la necesidad de incluir a la equidad para poder tener una igualdad sustantiva, es decir una igualdad realmente ejecutada y que dé más a quien ha tenido históricamente menos, para poder estar en igualdad de condiciones.

La primera misión del principio de igualdad, es lograr desmitificar que al hablar del “ser humano” del “hombre” estamos hablando de una raza masculina, y lograr incluirnos como mujeres en esta palabra que por mucho tiempo nos tuvo al margen de ser sujetas de derecho, donde se consideraba al “hombre” el único apto para hacer uso de los derechos humanos. En este caso, al hablar de igualdad en la representación política, necesitamos que las mujeres seamos incluidas totalmente en un mundo que fue conquistado por los hombres y donde se nos dejó fuera por mucho tiempo, pero que cuando nos abrió las puertas, fue tan mezquinamente, que aún nos sigue excluyendo, tal como muestran las estadísticas.

Otra de las misiones, es lograr abarcar las tres dimensiones que lo fundan: no discriminación, admisión de la diferencia y las autonomías. Muchas veces se cree que cuando una política pública reconoce este principio de igualdad, e incluye estas tres dimensiones, el asunto está solucionado, subsanado, y no hace falta más, para que por ejemplo, se logre una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero se olvida que para llegar a una igualdad sustantiva, es decir, para que exista una ejecución real de esta igualdad, es necesario contar con el mecanismo de la equidad. Si la igualdad en las políticas sólo se concibe como igualdad de oportunidades, es decir, sólo como igualdad en el acceso, no garantiza la verdadera igualdad. Un ejemplo de esto, se da muchas veces en los programas que se ejecutan desde las municipalidades en convenio con el Servicio Nacional de La Mujer y la Equidad de Género, los cuales se preocupan por ejemplo, de que las mujeres tengan acceso a un trabajo remunerado o tengan acceso a un nivel más alto de participación ciudadana y/o política, pero no se preocupan de que las desigualdades que ellas sufren, aparte de ser más que desigualdad de género, (se deben agregar otras categorías, como la raza, clase, edad, situación socioeconómica, etc.) ,no apuntan a equiparar estos elementos, solo de incluirlas en un sistema desigual, donde estas mujeres necesitarían más que el piso mínimo de igualdad para poder alcanzar la igualdad sustantiva en materia de acceso a la participación social y política realmente efectiva, lo que dejando a la equidad de lado, no se logrará.

Con esto, quiero hacer referencia específicamente al área de participación de Sernameg, la cual de sus tres componentes: Escuelas de liderazgo, Talleres Municipales de Derechos y Conversatorios provinciales y regionales, pretende empoderar a las mujeres, entregándoles herramientas de liderazgo y conocimientos en materia de derechos, para que ellas logren acceder a un nivel más alto de participación, ya que lo que se puede observar, es que existe participación femenina, pero a un nivel más básico (juntas de vecino, centros de padres y apoderados, organizaciones de trabajo productivo, ect) y la mayoría de las veces ligado a los cuidados. Falta dar el salto para incrementar por ejemplo el número de candidatas a concejalas y alcaldesas, tener mujeres líderes en todos los movimientos sociales, ejerciendo dirigencia en los movimientos sociales del país, etc. Para lograr llegar a una igualdad sustantiva en esta materia, se ha utilizado en cierta medida el mecanismo de la equidad, al implementar un programa exclusivamente para que mujeres reciban educación cívica y formación en materia de derechos, pero también han dejado fuera los distintos contextos en los que viven las mujeres a lo largo del país, ya que es un programa que fue diseñado en el nivel central de Sernameg, y que de cierta manera deja fuera la diversidad de mujeres, y las múltiples brechas a las que ellas se enfrentan. En mi opinión, el querer “empoderar” a las mujeres, desde fuera, tratando de imponer ciertos temas y aludiendo a una democracia que está en una crisis de representatividad, pero queriendo que estén para alcanzar una cifra, no estamos logrando la igualdad sustantiva necesaria, ya que seguimos teniendo a mujeres con una triple jornada (trabajo doméstico, trabajo asalariado y participación comunitaria/política), pero que siguen cumpliendo el mismo rol dentro de sus hogares, a cargo de lo doméstico, siguen siendo discriminadas dentro de sus sectores políticos, sigue habiendo una brecha de salario, siguen siendo cuestionadas por dedicarse a otras labores y no exclusivamente de la familia, y un sin fin de etcéteras. Para lograr la igualdad necesaria, mediante el mecanismo de la equidad, es necesario un cambio cultural, que nos dé el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad, el lugar de seres humanas sujetas de derecho.

Elefante Blanco

Giselle Pincheira. Socióloga, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

Si quisiéramos hacer una revisión histórica de la igualdad entre los miembros de una sociedad, requeríamos de un análisis exhaustivo de esta misma, sin embargo, en este caso quisiera puntualizar en la aplicación práctica de los conceptos de igualdad y equidad de género en territorios más acotados, fuera de las grandes urbes, con una población con características particulares de su contexto social, cultural y territorial. Cuando se enuncia la igualdad como principio, se hace referencia a la base social y con un fuerte fundamento ético para todas las personas, sin distinción de ningún tipo y que atraviesa tres dimensiones: el de la no discriminación, la admisión de la diferencia, y la autonomía y/o libertad. Por otra parte, el objetivo de la equidad de género es corregir las injusticias y compensar las desventajas que ha tenido históricamente la mujer en comparación con el hombre, como la baja participación en la política, el acceso al mercado laboral, etc.

Entonces, si igualdad es como dice el Art. 1 de la Constitución Chilena: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y que luego en su Art. 19 N°2: “En Chile no hay ni grupos ni personas privilegiadas” y que “Hombres y mujeres son iguales ante la ley”; deberíamos dejar de hablar de situaciones de desigualdad e inequidad y quedarnos tranquilos, pues el Estado nos respalda y protege, dicha afirmación es utópica, cuando la realidad con la que nos topamos es otra. Primero, el Estado dice ser neutro, esto es que en su semántica establece que no hay desigualdades entre hombres y mujeres, si así fuese Chile no estaría dentro de las estadísticas negativas en las que nos posiciona la OCDE como ser el quinto país donde más horas se trabaja, en donde hay mayor desigualdad salarial y que posee uno de los salarios mínimos más bajos. Ante una realidad así, lo que sigue es cuestionar el sistema deficiente en el que nos movemos, pero en particular me hace cuestionar el rol y las capacidades de los funcionarios públicos, cuyos trabajos afectan directamente la realidad de las mujeres en nuestro país. Es en este contexto de incongruencia e inconsecuencia, es en el que planteo una situación que se vuelve repetitiva y que estoy segura es más común de lo pudiera imaginar.

Cuando hay una mujer violentada por su pareja, las consecuencias de aquello recaen principalmente sobre su autoestima, en su poca capacidad de tomar decisiones, en un progresivo aislamiento social y deterioro de su salud mental y física, desvalorización, sentimientos de culpa, e inclusive en los casos más extremos ideas suicidas. Con todos estos factores, me parece inaceptable que sigan ocurriendo situaciones de injusticia como las situaciones que describiré más adelante.

Con todo el avance en materia de la institucionalización del género en las Políticas Públicas y la transversalización del género que el Estado garantiza, supondría un escenario favorable para mujeres vulneradas, pero la cruel realidad muestra una subvaloración de la violencia, ya sea, tanto para hombres como para mujeres, esto evidenciado en la siguiente situación. Al acompañar a una mujer a Fiscalía para realizar el trámite de denuncia de VIF, la funcionaria a cargo de la recepción de la misma, realiza preguntas que supongo son de rutina administrativa como ¿le pegó ahora? ¿tiene hematomas, algo visible? De manera repetitiva y minimizando el relato de la víctima, dudando de la pertinencia del trámite de denuncia, ya que no habían lesiones físicas evidentes, sin considerar el contexto de amenazas de muerte y hostigamiento con violencia física anterior. Si en ese instante esa funcionaria, hubiese actuado con un criterio más empoderado de la transversalización de género, todo hubiese sido menos tenso y en menos tiempo, cabe preguntarse entonces ¿todo el aparataje judicial no ha sido tocado por los avances de la incorporación del enfoque de género? ¿Qué debemos esperar? ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar? ¿No es suficiente con los talleres y capacitaciones que se dirigen a estas instituciones?, entonces podemos creer que la transversalización no ha llegado a todos los rincones, ni menos ha cambiado estos patrones culturales tan viciados. He de suponer, que cuando nos llega una mujer con estas características a solicitar ayuda ya sea en el Centro de la Mujer de Villarrica, o en cualquier otro programa o institución pública, como lo es el Servicio Judicial, la sensibilidad y el conocimiento para realizar la contención debiera ser acorde a los Acuerdos, Tratados Internacionales y Políticas Publicas impulsadas por el Estado de Chile. Profundizando aún más en este episodio, lo que ocurrió luego en carabineros es aún más repudiable y digo esta palabra aun sabiendo su fuerte significado, pues no encuentro otra que ejemplifique mejor lo sucedido; tiene que ver con la negligencia en su accionar y la nula presencia de ética en funcionarios de la Comisaría. Teniendo a la usuaria al interior del Centro de la Mujer, nos encontramos con que el hombre agresor estaba esperándola a las afueras del mismo, a lo que se solicitó la presencia de Carabineros para resguardar la seguridad de la usuaria en cuestión, con la gestión ya realizada nos quedamos relativamente tranquilos, luego de unos minutos se llama a la mujer para tomar cuenta si había llegado a su destino, para nuestra sorpresa lo que nos relata nos deja impávidos como profesionales, nos señaló que su cónyuge la encontró y está con ella, pues, el funcionario que se presentó al llamado de nosotras, conocía al agresor y le dijo hacia donde se dirigía la mujer. ¿Acaso los Carabineros no son los responsables de velar por nuestra seguridad y nuestra integridad física en este contexto? ¿Carabineros no es una institución pública del Estado? ¿La Transversalización de género no llega a las fuerzas de orden público? ¿Qué hubiera pasado si al dar vuelta la esquina el hombre atenta contra la mujer? De seguro estaríamos contando otro femicidio a nuestra lista nacional del 2016.

Finalmente y basándome no solo en mi experiencia profesional, sino que también en las innumerables situaciones que se dan en la cotidianeidad de nuestra sociedad, creo estar segura que los esfuerzos en desarrollar un trabajo intersectorial y territorial, capacitaciones y sensibilización de funcionarios públicos, incorporación de especialista, y en definitiva la voluntad y compromiso político por implementar el Mainstreaming de Genero son pocos, solo quedando plasmado de manera teórica y totalmente alejados de nuestra realidad, y por sobre todo de la realidad de las mujeres en comunas tan vulnerables como lo son las de la Región de la Araucanía.

El Estado de Chile y el género: Mucho de jure y poco de facto

Verónica Navarrete. Psicóloga, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

El 31 de agosto el Ministerio de la Mujer y la equidad de género (MinMujeryEG) lanzaba la campaña “Quebremos los estereotipos” la cual se enmarca en la línea de trabajo de transformación cultural y tiene como objetivo principal hacer visibles formas de discriminación cultural contra las mujeres que son aceptadas en nuestra sociedad. Por otra el 11 de octubre la Teletón lanza su campaña 2016, todo chileno que se aprecie de tal sabe lo que es la Teletón y que uno de sus espacios destacados es la Vedetón. Es evidente -para algunos- que este segmento denigra a la mujer, y fue esto lo que llevó a la actriz Mónica Godoy a verse en medio de un conflicto protagonizado con el periodista Andrés Caniulef. Mónica fue invitada a participar a la Vedetón y se negó en tres oportunidades argumentando que no es un lugar donde se sentiría cómoda, a raíz de esto Caniulef la crítica diciendo: “Una actriz que se niegue a ejercer un rol como el de la Vedetón, no habla muy bien de ella”, Godoy respondió y a partir de eso el episodio fue comentado en diarios, radios, redes sociales y diferentes programas de farándula.

Lo anteriormente expuesto es una realidad de lo que es la televisión chilena, situación que se repite en diferentes países del mundo y que ha llevado a diversas ONG e instituciones, incluso a la ONU, a referirse al rol de la mujer en los medios de comunicación. ¿Qué tan relevante ha sido para la sociedad chilena institucionalizar el género?, ¿las políticas públicas causan algún efecto cuando los hechos de desigualdad y discriminación se repiten una y otra vez sin pudor alguno?, ¿sirve una campaña periférica en los medios de comunicación para quebrantar estereotipos cuando los estereotipos son el centro de la los mismos?

En el estudio realizado por la Universidad Diego portales llamado: La representación de lo femenino en la publicidad de TV abierta se concluye que el 89% de las mujeres que aparecen en la publicidad chilena son “extremadamente delgadas” y de ese porcentaje un 66% aparece “tonificada hasta el extremo”. Otro indicador relevante es que un 41% de las mujeres de los spot nacionales son rubias y el 95%, son de tez blanca y el 99% de la publicidad muestra a mujeres que pertenecen a un grupo socioeconómico ABC1-C2, es decir no hay representación de la mujer de sectores bajos y medios. Quise destacar un estudio nacional, sin embargo, estudios y resultados como estos se repiten a nivel internacional. Si existe discriminación no existe la admisión de la diferencia y por lo tanto la libertad del ser humano en la sociedad se ve limitada y si no existe ninguna de estas dimensiones entonces no hay igualdad. Si uno de los objetivos de la campaña del MinMujeryEG es denunciar el sexismo que subyace a estas formas de lenguaje verbal y/o gráfico, ¿por qué no se pronuncia ante estos casos de connotación pública? A mi juicio un ejemplo aparentemente tan banal resulta significativo para ver lo necesario que es fortalecer los pilares de la equidad y lo haría implementando acciones afirmativas que protejan -en lo facto- a la mujer de este tipo de exposiciones y/o trato en los medios de comunicación, que rompa con esas valoraciones jerárquicas en relación al género donde históricamente la mujer ha tenido un papel menor.

Entonces, es importante radicalizar las acciones implementadas a partir de las políticas públicas, porque hasta el momento la institucionalización del género no ha causado el impacto esperado, se busca más presencia de mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad, pero ¿con qué fin? ¿Solo para decir que aumentó el número de mujeres en política, medios de comunicación, cargos públicos y otros, o realmente queremos hacer una reconstrucción del rol de la mujer en la sociedad? La negación a radicalizar el proceso de trasformaciones se debe en parte a que el Estado y por tanto los Gobiernos no han considerado del todo en el interés colectivo de las mujeres en lo que igualdad y equidad se refiere, si así fuera no legitimaria prácticas extremadamente sexistas como la Vedetón. No es menor mencionar que la Teletón es considerada parte de la identidad chilena, así lo revela la encuesta realizada por la Fundación Imagen Chile, de acuerdo a los resultados la Teletón es el evento que más orgullo produce en los chilenos. Dicho esto, podemos afirmar que no existe un cambio de paradigma desde donde operan las políticas públicas en el país, no hay una transversalización de género.

Los avances existentes son innegables, pero si a esos avances les aplicamos el lapsus de tiempo en que se han generado podremos ver que es necesario acelerar el paso en la materia. No se están involucrando a todos los actores sociales y esto es fundamental para salir de la inequidad de género porque es en el día a día, en lo cotidiano donde los valores y practicas se cristalizan o transforman, es lo cotidiano lo que debe ser monitoreado.

Si con todo lo expuesto aplicamos los requisitos mínimos para saber si nos encontramos realmente frente a un país con perspectiva de Género, llegaremos al resultado que el país va en esa dirección, pero no la ha alcanzado del todo, no hemos llegado a una transformación real de la agenda política la cual se continúa configurando desde los paradigmas que siempre han existido. Si bien el presupuesto destinado a políticas públicas relacionadas con VIF y VCM ha aumentado 7 veces en los últimos 10 años esto no se ve reflejado en cambios sustanciales, discusiones claves como: aborto y matrimonio igualitario siguen mediados por juicios de valor pasando a llevar los derechos de igualdad que debería tener y experimentar toda persona, es decir existe claramente un conflicto de voluntades y compromiso.

Es verdad, se puede continuar avanzando, pero ese avance aún depende de que tan fuerte protestemos las mujeres, las minorías en general, cuando lo que se espera es que la mayoría alce la voz en su conjunto y la inequidad se desvanezca. Es necesario visibilizar majaderamente todo acto que atente contra el principio de igual, todo acto sexista y denigrante, es necesario que en el futuro todos los actores tengan conciencia de lo complejo que es ser una minoría y por sobre todo que se le provea de herramientas para reconstruir, reinterpretar y respetar la sociedad y todos sus miembros.

Daniela Flores. Trabajadora Social, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

Sin duda en los discursos de muchos de los políticos de nuestro país afloran términos como la tan anhelada igualdad, entendida como un principio que plantea la equivalencia humana de todas las personas, teniendo como cimiento la igualdad en todos los ámbitos de los seres humanos. Si bien este término emerge en reiteradas ocasiones, es siempre asociado a las desigualdades meramente económicas, en donde las autoridades o aspirantes a serlo, hacen promesas asociadas a la instauración de estrategias para luchar por la desigualdad de ingresos de los chilenos, sin hacer alusión a otros ámbitos de importancia en la vida de las personas que pueden generar otras desigualdades sociales que influyen de manera significativa en el desarrollo de la sociedad.

Ahora bien, si dejamos el aspecto económico y nos centramos en otras desigualdades, ¿qué pasa con el género?, esta pregunta me surge luego de que últimamente existe un discurso generalizado sobre la importancia que debe tener el género en el aparato público, en donde muchas autoridades y actores sociales hacen alusión a la importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas, servicios, educación y en miles de otros aspectos cotidianos de las personas, sin embargo, pocos declaran las maneras de hacerlo, estrategias concretas, decisiones reales y/o mecanismos para acortar la brecha existente en términos de género en nuestra sociedad.

Como mencioné, si bien existe un discurso declarado en la opinión pública, estos discursos quedan en tela de juicio cuando las estrategias que buscan conseguir la igualdad de género están asociadas un PMG (Programa de Mejoramiento a la Gestión), en donde es normal que surjan dudas de la real importancia que se le está atribuyendo al tema por parte del Gobierno, al estar asociado a incentivos económicos por el cumplimiento de metas o cierto nivel de alcance de algunos indicadores establecidos.

Frente a las dudas que me genera la creación de los PMG, específicamente en los apartados asociados al género, tomaré una situación relacionada a mi trabajo. Hace un año, en la organización en la cual me desempeño como trabajadora social, postulamos al Fondo de Educación Previsional, perteneciente a la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del trabajo, en dicha postulación se hacía alusión a la importancia que en ésta oportunidad le darían al enfoque de género. En base a esto, como equipo de trabajo nos preguntamos a que se referían, y leyendo las bases del concurso, descubrimos que a lo que hacían referencia era la cantidad de mujeres que serían capacitadas y la cantidad de mujeres que integrarían el equipo de trabajo.

Es decir, bastaba con que pusiéramos a más mujeres dentro de los beneficiarios a alcanzar y más mujeres en el equipo de trabajo, para poder sumar los puntos disponibles en la evaluación de nuestra postulación en el apartado enfoque de género. Debido a esta situación es que me cuestioné si para que un proyecto pueda decir que tiene enfoque de género, basta con que en su equipo de trabajo cuente con más mujeres, sin importar los cargos asociados, es decir, en este caso igualmente el coordinador (cargo más importante) designado fue un hombre y las mujeres ocuparon roles asociados a la logística de la iniciativa, es decir, monitoras, productora local, secretaria, etc.

Esta iniciativa en particular tiene como objetivo capacitar a diferentes personas en seguridad social, es decir, beneficios, derechos y obligaciones del sistema de pensiones y pilar solidario, por lo que más aún es importante la existencia de un enfoque de género, en donde se está capacitando acerca de un sistema que hace grandes diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, la iniciativa solo busca la incorporación del enfoque de género en las postulaciones, debido a que la metodología y estructura de las capacitaciones están dadas desde la Subsecretaría, en donde poseen una estructura rígida y de iguales características sin diferenciar el público objetivo al cual se le está entregando la información. Es decir, no existe posibilidad de hacer una crítica a un sistema que al estar asociado al trabajo remunerado y las implicancias que tiene esto en las pensiones de las personas, se constituye como un sistema que discrimina a las mujeres y que funciona como un dispositivo que aumenta las brechas entre hombres y mujeres.

En base a lo anterior es que sale a colación la transversalización del género, la cual apunta a estrategias que involucran a todos los actores sociales en la búsqueda de la igualdad de género, ayudando a implementar medidas para corregir desigualdades; si bien los PMG podrían ser catalogadas como una herramienta de transversalización del género, en casos como este queda al descubierto que muchas de las iniciativas que se están adoptando, bajo el alero de enfoque de género, quedan absolutamente vacías si sólo está presente en el diseño de las iniciativas.

Es decir, en este caso se podría hacer referencia a la equidad, concepto que viene a iluminar muchos caminos que deberían tomar las políticas públicas, puesto que apunta a la igualdad de acceso a oportunidades, en favor de las personas que se encuentran en desventaja frente a un sinfín de situaciones; lo que se relaciona con el acceso que tienen o “deben tener” las mujeres en esta iniciativa para que una determinada organización pueda acceder a ser adjudicatario del fondo, pero que una vez en el papel, nadie se preocupa, ni ocupa de que exista un impacto real en atacar las desigualdades de las mujeres en relación a los hombres.

En el caso expuesto si bien existe una preocupación por el acceso a la información, garantizando que más mujeres puedan acceder, no existe un reconocimiento de que las mujeres deben informarse de manera distinta en la temática, puesto que estamos hablando de deberes y derechos que son distintos en razón del género.

Por todo lo anterior, es que en mi opinión la trasnversalización del género en el caso chileno se encuentra en pañales, es decir, aún no existen estrategias que garanticen la igualdad y equidad necesaria que permita que las mujeres puedan acceder a cierta información y que el tratamiento de esta información esté acorde a las necesidades de las beneficiarias, es decir, que exprese de manera clara las brechas existentes en el sistema de seguridad social, el cual no opera de manera igualitaria para hombres y mujeres; si bien el ejemplo es muy puntual, la intención es dar cuenta de que la existencia de un PMG en una determinada institución no garantiza que exista efectivamente un enfoque de género, o que las políticas públicas que estén emergiendo de ahí actúen como herramientas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, más aún, si existe retribuciones monetarias, expresa de manera más clara que no necesariamente se está apuntando a cambios estructurales, si no que puede estar supeditado a un simple cumplimiento de indicadores que probablemente no dan cuenta de cambios concretos al interior de una institución pública.